Nosotros

Impulsado por iniciativa de WOLA (Washington Office on Latin America) y TNI (Transnational Institute), el CEDD reúne investigadores -en su mayoría juristas-, de varios países latinoamericanos. Su objetivo principal es analizar el impacto de la legislación penal y la práctica jurídica en materia de drogas. El CEDD busca generar información sobre las características y los costos, sean sociales o económicos, de las políticas en materia de drogas en América Latina. Con ello busca fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas.

El CEDD fue creado en el contexto de la creciente evidencia que muestra que las políticas internacionales actuales de control de drogas no han disminuido el consumo de drogas, no han frenado el cultivo de plantas destinadas a los mercados ilegales, ni reducido el tráfico de drogas. Más bien, la evidencia muestra que las leyes sobre drogas recaen desproporcionadamente sobre las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, además de tener la consecuencia indeseada de abrumar a los sistemas de administración de justicia penal y generar nuevas condiciones de violencia.

El colectivo estudia, de manera periódica, un tema en materia de drogas y derecho,  desde una perspectiva empírica, normativa y regional, a fin de generar estudios a nivel nacional y regional sobre ese tema.

En un primer esfuerzo, el grupo elaboró un extenso estudio sobre el impacto de las leyes de drogas en los sistemas carcelarios de ocho países Latinoamericanos. Dicho estudio, Sistemas Sobrecargados: Leyes de drogas y cárceles en América Latina, muestra cómo las actuales leyes de drogas impactan negativamente los sistemas judiciales y los sistemas de procuración de justicia en nuestros países. 

En un segundo estudio, el grupo evaluó la aplicación del principio de proporcionalidad  penal en materia de delitos de drogas. Los textos producto de este estudio documentan y exploran los costos que la política actual tiene, tanto para los gobiernos como para importantes sectores de las sociedades latinoamericanas. Asimismo, muestran la tendencia regional de castigar, cada vez más severamente, las conductas por delitos de drogas, lo que evidencia la prevalencia de un enfoque punitivo sobre uno de protección a la salud. Una versión corta de los estudios puede ser consultada en  el libro Justicia Desmedida: Proporcionalidad y delitos de Drogas en América Latina.

En 2014 el Colectivo concluyó la investigación En Busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina. Allí se mostró que aunque discursivamente los estados afirman que el uso de drogas es un problema de salud, en la práctica, los usuarios siguen siendo criminalizados y el uso abordado a través del derecho penal. Esto debe principalmente a que todas las conductas necesarias para el consumo siguen siendo delitos. La criminalización de los usuarios ha resultado en su discriminación y estigmatización. Esta situación afecta distintos derechos de esta población como son la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, la salud, la información y, el debido proceso.

Posteriormente, el CEDD se dedicó a actualizar la situación de las personas en prisión por delitos de drogas, y  proponer alternativas a las respuestas carcelarias. De sus avances, se aprecia que en la mayoría de los países sigue creciendo el número de personas privadas de libertad por estos delitos, incluso a un ritmo mayor al de la población en prisión en general. Así, se agravan las condiciones de detención en sistemas penitenciarios, caracterizados por precarias condiciones y violaciones de los derechos fundamentales de las personas que -en gran número- se encuentran allí sin recibir una sentencia. Como resultado, el CEDD publicó el libro Sobredosis carcelaria y delitos de drogas en América Latina, que además cuenta con una versión corta, disponible aquí. 

En su última investigación, el grupo se dedicó a analizar las leyes sobre cannabis en 11 países de América Latina, así como las manifestaciones de olas regulatorias y retrocesos en materia de derechos de personas que usan esta sustancia. Como resultado, se publicó el informe  Cannabis en Latinoamérica : la ola verde y los retos hacia la regulación, donde se analiza el desarrollo de las normas frente a cannabis en los 11 países, las posibilidades de reforma, y también los retrocesos que se han dado en algunas jurisdicciones. De manera específica, se analizó también la situación de los cultivadores y la erradicación, el microtráfico a nivel urbano, y el panorama de respuestas legislativas.

Por último, la pandemia global del coronavirus motivó al Colectivo a documentar las medidas de descongestión de cárceles que se estaban adoptando, o se debían adoptar en los países de la región, a fin de reducir contagios evitables, y salvar vidas. Con esta publicación, el CEDD buscaba orientar medidas para proteger a la población carcelaria en la región.