La adicción punitiva hace parte de una serie de estudios realizados por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) que revisan críticamente si el principio de proporcionalidad es aplicado en relación con los delitos de drogas. Las investigaciones encuentran que los castigos por delitos de drogas y el trato de los ofensores son desproporcionados, lo que genera en muchas ocasiones daños mayores que los beneficios pretendidos.

En América Latina es más grave contrabandear cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Eso puede parecer increíble, pero es la conclusión a la que llega el estudio riguroso de la evolución de la legislación penal en la región, la cual muestra que nuestros sistemas jurídicos prevén penas mayores para el tráfico de drogas, incluso en cantidades aveces modestas, que para conductas tan atroces como la violencia sexual o el homicidio doloso, esto es, intencional.

¿Cómo hemos llegado a una situación que, a todas luces, aparece como injusta e irracional? La respuesta está en que en las últimas décadas, y en especial desde los años ochenta, los países latinoamericanos, influidos por el marco prohibicionista internacional, cayeron en lo que metafóricamente podríamos llamar una adicción al punitivismo en materia de legislación sobre drogas, lo cual no deja de ser irónico.

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