La política de drogas de la ‘Revolución Ciudadana’ no se caracteriza precisamente por tener dosis de coherencia. De cara a la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales – 2017, el Presidente de la República presentó un proyecto de ley para reformar la legislación penal e incluir como delito el porte o tenencia de drogas de uso ilícito en el espacio púbico, restringiendo de forma exclusiva su uso al ámbito privado o residencial. Se espera con ello responder al “clamor ciudadano” que relaciona al consumo como un factor criminógeno, y donde la política ve la necesidad de responder con mayor contundencia al microtráfico en el contexto de la campaña electoral y de las encuestas (tiempos de cólera). A continuación, me permito exponer a breves rasgos algunas reflexiones sobre el contenido técnico-jurídico y del entorno político de este polémico proyecto de reforma penal.

Publicado por: CEDD