Esta investigación del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) analiza la dualidad presente en la región: el discurso prohibicionista y sus efectos en los derechos humanos persisten, a la par de unas reformas a leyes y políticas relacionadas con el uso del cannabis. Pero la región también está a la vanguardia de procesos y esfuerzos para reformar las leyes y políticas del cannabis. Sobre eso trata el libro, ‘Cannabis en Latinoamérica: la ola verde y los retos hacia la regulación’, el resultado de dos años de trabajo de los integrantes del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), un grupo integrado por investigadores de 11 países de las Américas, incluido Dejusticia.
Con una mirada regional y crítica sobre el panorama normativo alrededor de las sustancias psicoactivas, el documento analiza la forma en que las leyes punitivas de drogas afectan de manera desproporcionada a los usuarios, cultivadores y pequeños vendedores de cannabis, pero también muestra las victorias legislativas y electorales que se han promovido en algunos países, y que marcan un pulso hacia la reforma en la región.
En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país que aprobó legislación y creó un mercado legal a nivel nacional para el cannabis de uso médico y no médico, mientras en 2018 Canadá hizo lo mismo y se convirtió en el primer país G-7 en regular el cannabis.
México parece estar comprometido en un rumbo similar, con el respaldo del gobierno de Andrés López Obrador. Al momento de redactar este informe estaba pendiente una iniciativa legislativa ante el Congreso mexicano para regular el mercado de marihuana.
Al mismo tiempo, la marihuana medicinal crece a pasos agigantados. En Estados Unidos, 33 de 50 estados y el distrito de Columbia admiten el uso médico del cannabis. Este uso es legal en Canadá desde 2001. En América Latina, alguna forma de cannabis medicinal está permitida en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Al cierre de esta publicación Ecuador había realizado una serie de reformas a su Código Penal que abren la posibilidad de desarrollar vías de acceso al cannabis con fines “terapéuticos, paliativos o medicinales”.