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CEDD en los medios

marzo 9, 2017

Nuevo estudio muestra crecimiento en el número de encarcelados en América Latina por delitos de drogas de bajo nivel

El informe del CEDD, Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina, incluye investigaciones en diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, y Uruguay.

En todos los países latinoamericanos estudiados, con la excepción de Bolivia, la población encarcelada por drogas aumentó más rápido que la población carcelaria en general, a un ritmo de entre 8 y 33 veces en los últimos 15 años, con variaciones dependiendo del país. En Brasil, mientras la población carcelaria incrementó en 55% entre 2006 y 2014, la encarcelada por delitos de drogas creció 267%, es decir, a un ritmo cinco veces mayor. En Colombia, entre 2000 y 2015, la población carcelaria creció 141%, pero la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%.

“Las cárceles se han convertido en la primer respuesta al tema de las drogas, en vez de abordar la situación desde un punto de vista social, educativo y de salud”, dijo Catalina Pérez Correa, coordinadora del CEDD y co-autora del estudio. “Los encarcelados no son los grandes traficantes que están atrás de la corrupción y violencia que acecha a nuestros países, sino en su gran mayoría gente pobre con un rol insignificante en el tráfico y consumidores, y muchas veces por sustancias como el cannabis”.

En México en 2012, 62% de las personas internas en centros penitenciarios federales lo estaban por delitos de drogas. De éstas, el 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionando al cannabis y 38.5% por el delito de posesión. Según la investigación, 10.2% de la poblacion en las carceles federales en ese entonces estaba sentenciada solamente por conductas relacionadas con “traer consigo” marihuana. En México el conusmo está despenalizado y se permite la portación de drogas para el consumo personal, lo que implica que estás personas están encarceladas injustamente. A nivel estatal, además, uno de cada diez personas en la cárcel lo está por delitos contra la salud, y, como muestra la investigación, hay una tendencia a la alta.

Según Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA y co-autora de la investigación, “Es irónico que en los Estados Unidos el 20 por ciento de los ciudadanos vive en estados que ya han legalizado o están por legalizar el uso recreacional del cannabis, y mientras tanto el gobierno de México sigue gastando recursos escasos en encarcelar a consumidores de marihuana”.

Con respecto a las otras características de los encarcelados por delitos de drogas, en su mayoría se trata de personas con escasa educación, en condición de pobreza o con trabajos de baja remuneración.

Asimismo, la cantidad de mujeres encarceladas por drogas está aumentando a un ritmo más rápido que los hombres, tratándose en la mayoría de los casos de madres solteras. Un estudio en 2012 en Argentina mostró que 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas afirmó ser la principal fuente de sustento en su hogar. En el caso de Colombia, entre 2010 y 2014, el 93% de las mujeres encarceladas por drogas tenían hijos, mientras el 52.8% eran madres solteras. En todos los países estudiados, el encarcelamiento de estas mujeres puede tener consecuencias devastadoras para sus hijos y familias, y por lo tanto para la sociedad en general pues se crea un círculo vicioso de pobreza que empuja a las personas al consumo o tráfico de drogas.

El estudio también destaca que un importante número de los y las encarcelados por delitos de drogas nunca antes había cometido delitos. Por lo general, los encarcelados ocupan los eslabones más bajos de la cadena de las drogas ilícitas o son consumidores encarcelados equivocadamente por microtrafico. El encarcelamiento de estas personas no tiene ningún impacto en los mercados de drogas, debido a que son las personas más fácilmente reemplazadas. Sin embargo, estas personas tienden a ser el blanco principal de los esfuerzos de la aplicación de la ley, pues es más fácil perseguirlos a ellos que a los grandes traficantes. En Costa Rica, por ejemplo, sólo en 3.9% de los encarcelados es algún líder o jefe de una organización dedicada a la venta de drogas.

Según Sergio Chaparro, investigador de Dejusticia y co-autor del estudio, “Es necesario repensar el uso del derecho penal y de la cárcel en la política de drogas. Es prioritario y necesario sustituir la repuesta penal por un enfoque más amplio que incluya un desarrollo social y de salud pública, y que permita avanzar hacia repuestas más humanas y efectivas frente a la creciente vinculación de las personas con los mercados ilegales de drogas”.

El informe ofrece una seria de recomendaciones de reformas a las políticas públicas para lograr esta reorientación en las políticas de drogas.

El CEDD busca generar información sobre las características y los costos, sean sociales o económicos, de las políticas en materia de drogas en América Latina. Con ello, busca fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas de drogas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas. Para más información visita: www.drogasyderecho.org.